La energía se configura como un derecho esencial porque es un pilar fundamental que permite el disfrute de todos los derechos humanos. Sin acceso a una energía asequible, fiable y sostenible, se ven comprometidos derechos como la educación, la salud, el agua potable, y el desarrollo económico, lo que limita la capacidad de las personas para vivir con dignidad. En este contexto, las empresas del sector energético como el GEB, tienen una responsabilidad crucial como promotoras y defensoras de este derecho, jugando un rol activo en la defensa de los derechos humanos a través de su compromiso con la sostenibilidad y la equidad energética.
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